MUJERES EMBARAZADAS DESDE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS
Por AURA ROIG FORTEZA
El estigma que recae sobre las mujeres usuarias de drogas adquiere su máxima expresión cuando se trata de mujeres embarazadas. Un tabú relegado a la condena de lo inconcebible, afrenta totalmente incompatible con la defensa de la vida, sobre todo cuando refiere a sustancias ilegales como heroína, cocaína o crack. La atención a madres usuarias de estas sustancias se centra en los posibles riesgos para el feto, ella pasa a un segundo plano, llegando en muchos casos a demeritarse su voluntad y sus necesidades, denunciadas como agravantes contradictorios con el estado de indefensión de la criatura.
La percepción generalizada de que la mujer gestante incurre en maltrato fetal, consciente o inconsciente, se basa en la infundada irresponsabilidad que se le achaca por la incapacidad de no cuidar de su salud física y mental. Las consecuencias que acarrea la toxicidad de sea cual sea la sustancia ilegal que consuma, no obstante el espacio que esta actividad ocupe en su trayectoria de vida, hace que el simple hecho de ser o haber sido usuaria ponga en tela de juicio sus facultades de ser madre y, por lo tanto, implicar la retirada de custodia de hijos e hijas.
Atreverse a abordar este tema en España desde la reducción de daños ha sido no solamente osado sino excepcional. Uno de los pocos artículos que decidió encarar la cuestión sin temerle a los matices fue Consumo de drogas en el embarazo: cazando brujas en el siglo XXI. Se rompía así con un silencio anquilosado, ofreciendo información sin prejuicios ante la inquietud de muchas madres, que sin conocer que estaban embarazadas, habían tenido algún tipo de consumo esporádico de sustancias de uso recreativo y ansiaban respuestas sobre posibles consecuencias adversas en el desarrollo del feto. Además, denunciaba la odisea por la que tuvo que pasar una mujer al hablar con su ginecólogo de un consumo anecdótico de marihuana. En este caso se activó el protocolo de seguimiento y control de un embarazo que había pasado a ser considerado de riesgo. Controles periódicos para detectar si había consumido, que incluso dando negativo durante todo el embarazo conllevan la realización de pruebas de detección al poco de nacer el bebé. Este seguimiento por parte de los servicios sociales y de salud puede suponer acciones como la prohibición de dar el pecho si se está consumiendo cannabis o llegar hasta el punto de la pérdida de custodia.
El miedo justificado al estigma y a la pérdida de custodia hace que muchas mujeres eviten acceder a los servicios de salud y de atención social, así como entrar en tratamiento. De esta manera se pierde la oportunidad de responder, con las negativas consecuencias que esto puede tener tanto para la madre como para el feto, a sus necesidades de conectar, discutir abiertamente sobre el uso de sustancias y maneras de minimizar los riesgos asociados, cuidado prenatal y de la salud en general, apoyos prácticos, tratamiento sustitutivo con metadona y otras estrategias de reducción de daños.
Cuando entran en contacto con los servicios de salud, la única opción suele ser la total abstinencia, o metadona para las usuarias de opiáceos. De poder intervenir de manera temprana en consumos considerados especialmente problemáticos, como heroína o cocaína, la atención sociosanitaria suele dirigir sus esfuerzos a convencer a las mujeres de interrumpir el embarazo. En el caso en que la mujer decida continuar con la gestación, entrarán en juego todas las medidas de control sanitario ya mencionadas, así como también se activarán los dispositivos de atención social y protección a la infancia que se consideren necesarios.
Para aquellas que no logren dejar el consumo y ante la carencia de familia que se haga cargo, en la mayoría de los casos se procede a la retirada de custodia. Si bien puede parecer una solución positiva para los niños y niñas a corto plazo, poco se han valorado las consecuencias que tales medidas representan a la larga. Hay suficiente evidencia que corrobora como la separación entre madres y sus bebés no es la que más se adecúa a sus intereses. Los datos sobre personas adultas con historial en servicios de acogida, comparados con aquellas que no han transitado por estos umbrales, no solamente reportan menor estatus económico, menores niveles de educación, así como altos niveles de pobreza, sino que están asociados también con peores estados de salud física y mental[1].
Reconociendo que la retirada de custodia en muchos casos no beneficia ni a la madre ni a los hijos e hijas y viendo la alta incidencia que tenía en las comunidades más vulnerables, desde los años noventa en países como Canadá se empezaron a poner en marcha programas llamados de “único acceso”, o por su nombre en inglés one-stop shop[2]. Estos modelos de atención parten de concebir el inextricable vínculo entre la salud de la madre y la de la criatura. Se procura dar respuesta a las necesidades de embarazadas y madres de manera holística, dando apoyo práctico y emocional dirigido a reducir las barreras de acceso a cuidado. Intentan conectar con la mujer en su periodo de embarazo, lo antes posible, con el fin de ir construyendo una relación de confianza desde la que explorar opciones.
Los buenos resultados de este tipo de tratamientos, avalados incluso por UNODC, se deben entre otras, a la combinación del tratamiento en consumo de sustancias con un engranado de servicios como son: cuidado prenatal, educación en el ejercicio de la maternidad, planificación familiar, atención a la nutrición, vivienda, asesoría en temas de violencia, así como apoyos prácticos al cuidado de la criatura, el transporte, entre otros[3].
Con el fin de lograr la estabilidad maternal, se parte de reconocer que para muchas de estas mujeres el consumo de SPA ofrece una manera de sobrellevar el trauma, el abuso infantil, la violencia por parte de la pareja, entre otras múltiples situaciones de vulnerabilidad. Para ellas, empezar por abandonar el consumo puede no ser una posibilidad. En dichos programas, las recaídas en el consumo no amenazan de manera continua la pérdida de custodia, se comprende que forman parte del proceso de recuperación y sirven para reforzarlo, por lo que deben ser integradas entre las cuestiones a tener en cuenta y gestionar. En este sentido se apuesta por acordar con las mujeres planes de emergencia, que posibiliten alternativas para recibir a sus hijos e hijas si en algún momento se ven en la necesidad de consumir, o brindando espacios de cuidado de ser necesario.
Los amplios logros obtenidos se sustentan en las maneras como se aborda desde este modelo a las mujeres. Ellas tienen control sobre los servicios que reciben, sus capacidades y necesidades se ponen en primer plano. Siempre se consensua el cuidado con la mujer y los planes y expectativas son revisados cuando haga falta, no aferrarse a ellos no constituye motivo de expulsión. El cuidado se adapta de manera comprensiva, coordinada e individualizada a las circunstancias de cada mujer. Algunas pueden tomar la decisión de no continuar con el embarazo, con la tranquilidad de disponer del apoyo emocional y psicológico necesario. Otras, trataran de conservar la custodia o buscarán opciones intermedias como custodia compartida, adopciones abiertas, apoyo familiar.
La intervención temprana en el embarazo con mujeres usuarias de drogas ha demostrado muy buenos resultados, tanto en adhesión a tratamiento como mejoría de la salud y bienestar de madres y bebés[4]. Además, gracias a la articulación con los servicios de protección a la infancia, cada vez son más las que consiguen mantener la custodia[5]. Se han reducido también el número de bebés que nacen con falta de peso o síndrome de abstinencia neonatal. Sin olvidar los beneficios para el desarrollo de los niños y niñas, involucrados en estos programas con sus madres[6].
En España las mujeres usuarias de drogas en general, embarazadas y madres en particular, han sido las grandes excluidas de los recursos tanto de tratamiento como de reducción de daños. Los servicios específicos dirigidos a ellas son prácticamente inexistentes y sus hijos e hijas siguen llenando las listas de adopción y centros de acogida. Urge entonces empezar a cambiar de paradigma, transgredir el tabú y asumir el reto de pensar en formas creativas desde una perspectiva de reducción de daños como posibilidad de abordar a mujeres embarazadas y madres.
No sólo eso, a menudo resulta la única manera efectiva de hacerlo.
[1] Zlotnick, C., Tam, T. W., & Soman, L. A. (2012). “Life Course Outcomes on Mental and Physical Health: The Impact of Foster Care on Adulthood”, en American Journal Of Public Health, 102(3), 534-540
[2] Nathoo, T., Poole, N., Bryans, M., Dechief, L., Hardeman, S., Marcellus, L., et al. (2013) “Voices from the community: Developing effective community programs to support pregnant and early parenting women who use alcohol and other substances”, en First Peoples Child & Family Review, 8(1), 94-106
[3] UNODC (2004) Substance abuse treatment and care for women: Case studies and lessons learned. New York. En http://www.unodc.org/pdf/report_2004-08-30_1_summary.pdf
[4] Health Canada. (2006). Best Practices – Early Intervention, Outreach and Community Linkages for
Women with Substance Use Problems. Ottawa, ON: Health Canada.
[5] Racine, N., Motz, M., Leslie, M. and Pepler, D. (2009). “Breaking the Cycle Pregnancy Outreach Program: Reaching out to improve the health and well-being of pregnant substance involved mothers”, en Journal of the Association for Research on Mothering , 11 (1): 279-290
[6] Nathoo et al; op. cit.
