Artículo original en catalán publicado en Social.cat el 29/08/17.
Por Aura Roig / @AuraRoig
Las políticas de drogas legitiman control de personas, fronteras y mercancías. Es esta retórica y no las sustancias que pretende gestionar, la causante de las llamadas consecuencias imprevisibles: creación de un mercado ilegal, desplazamientos geográficos, estigma y discriminación hacia las personas que usan drogas, entre otros. Sirve al despliegue de medidas de carácter sanitario, social, educativo dando lugar a un caro entramado que, sin acabar de dar respuestas adecuadas, se ha consolidado impregnando de estas lógicas de control.
El actual sistema de fiscalización no sólo ha fracasado en su promesa de un mundo libre de drogas, sino que ha incrementado los riesgos y ha generado nuevos daños relacionados con la salud, a la vez que ha obstaculizado intervenciones efectivas para reducirlos. Además, está socavando severamente los derechos humanos mediante la erosión de las libertades civiles demonizando y criminalizando a personas y grupos, promoviendo así la discriminación de las poblaciones más vulnerables, entre ellas las mujeres, y aún más las adultas mayores, jóvenes, trans, trabajadoras sexuales, en situación de sinhogarismo, y con trastornos de salud mental.
Las mujeres que usan drogas son invisibles con respecto a la recolección de datos así como en los servicios de atención y reducción de daños. Experimentan exclusión por parte de los recursos sociales y de salud, que no las atienden adecuadamente y/o que no son asequibles según sus circunstancias, convierténdose en barreras a la prevención de infecciones de transmisión sanguínea y sexual, enfermedades en que las mujeres inyectoras son sobre-representadas. Sufren graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo encarcelamiento arbitrario, interferencias en su integridad física y en la de sus familias. Están sujetas a discriminaciones y estigmas por usar drogas y por romper con los patrones de género y sobreviven a múltiples violencias que, en todo caso, se ven atravesadas por el machismo, a las cuales hay que sumar las que de manera específica recaen sobre ellas, como la violencia de pareja y la trata.
Las declaraciones del gobierno español ante UNGASS 2016 en coherencia con el Posicionamiento Común de la Unión Europea por unas políticas de drogas que promulgan un abordaje de salud pública, basadas en evidencia científica y soportada por sistemas de monitoreo y evaluación congruente con los derechos humanos, contrasta con el sesgo y graves carencias de sus propios mecanismos de implementación y seguimiento. Ninguno de los estados miembros de Naciones Unidas ha evaluado significativamente estas consecuencias, algo imprescindible en los pasos que tendrían que dar para la consecución de los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible marcados para 2030.
En las diversas formas de lucha para contrarrestar esta guerra contra las personas que usan drogas, organizaciones como International Network of People who Use Drugs (INPUD), de la cual forma parte la Red Catalana de Personas que Usan Drogas (CATNPUD), han tratado en profundidad este fenómeno, llegando a toda una serie de Posicionamentos de Consenso, donde se denuncian sus efectos sobre los derechos humanos, la salud y la justicia y se proponen medidas para hacer frente. De aquí que entidades como Harm Reduction International reclamen el reconocimiento de las personas implicadas en reducción de daños como defensoras de los derechos humanos.
Ante la situación de las mujeres, se presentaron varías demandas de las que se hace eco la Xarxa de Dones que Usen Drogues (XADUD):
- Los derechos de las mujeres que usan drogas tienen que ser protegidos por las diferentes instituciones.
- Las políticas que incriminan y excluyen a las mujeres tienen que corregirse; las mujeres que usan drogas no tienen que ser criminalizadas y tienen que tener acceso a la justicia.
- La violencia perpetuada contra las mujeres que usan drogas en manos de sus compañeros, autoridades, personal sociosanitario tiene que ser cuestionada y, si fuera necesario, investigada.
- Las mujeres que usan drogas tienen que tener acceso a los niveles más altos de atención social y salud, así como recursos de reducción de daños sensibles a sus necesidades e intereses específicos. No tienen que ver su integridad física violeta a través de tests para el control de consumo de drogas o ser presionadas o coaccionadas para acabar con el embarazo.
- El uso de drogas por sí mismo no puede justificar la invasión o disrupción de la privacidad, la familia y/o la vida doméstica.
- Las mujeres que usan drogas tienen que poder organizarse y crear redes sin miedo a ser discriminadas, interferencias arbitrarias o violencias.
Cataluña ha sido puntera en la implementación de reducción de daños. En 1990 abría en Barcelona el primer programa de intercambio de jeringas del país y en el año 2004 se ponía en marcha la Sala Baluard, la primera sala de consumo supervisado del sistema público. Ésta venía precedida por un servicio similar que había abierto un año antes en la Cruz Roja para dar respuesta al cierre de Can Tunis. Si no se lamentan más muertes en esta Guerra es gracias a estas iniciativas. Pero existe también otra cara, contar con un espacio de cobijo para las personas consumidoras las saca de la calle, evitando una presencia molesta al modelo de ciudad escaparate, “Barcelona, la tienda mayor del mundo,” que se estaba gestando. La tarea policial también se facilitó, los cacheos y detenciones alrededor sus puertas siguen siendo habituales. Con el tiempo, la reducción de daños se ha ido profesionalizando, siendo cada vez más difícil encontrar personas que usan drogas como integrantes de los equipos de intervención, y todavía menos en los lugares de toma de decisión. Se pierde así su pericia, haciendo que los recursos y servicios respondan cada vez más a agendas políticas que penetran las dinámicas de los centros y de los equipos profesionales y menos en las prioridades, necesidades, intereses y expectativas de las personas usuarias.
En este sentido, tenemos que dar un giro; la Red de Reducción de Daños y las personas implicadas tenemos que salir de abordajes asistencialistas que contribuyen a la cronificación de situaciones de grave exclusión y asumir que se trata de una defensa de los derechos de las personas que usan drogas. Una atención integral que deje de poner las drogas en el centro para situar a la persona, todavía está pendiente. Para las mujeres que usan drogas implica contar con espacios propios y seguros, donde se valoren sus experiencias y conocimientos y donde sean ellas las que tengan control de sus procesos.
Por eso, es necesario incorporarlas en las plantillas e implementar mecanismos de participación con incidencia real en la toma de decisiones de los centros y recursos. Más allá del impacto positivo sobre su autoestima, salud y bienestar, el hecho de que formen parte de los equipos de intervención contribuye a comunicar asuntos sociosanitarios a personas que desconfían de la atención profesional y ayudan a conectar con las que son más reticentes. Por tener que afrontar situaciones delicadas y peligrosas, han desarrollado estrategias ingeniosas, no contempladas por personas que no han sufrido estas situaciones, que pueden resultar relevantes para el resto de personas usuarias, permitiendo identificar rápidamente el cambio en las tendencias, posibilitando así adecuar y actualizar las respuestas. Valorar su pericia y reconocer sus capacidades y conocimientos es un mensaje contundente contra el estigma y la discriminación a otras mujeres, a profesionales, órganos de toma de decisiones y la comunidad en general.
Es también cuestión de coherencia, personal político y técnico y equipos de intervención tienen que tomar parte, de manera decidida, en esta tarea colectiva hacia una guerra contra las drogas que, derrotadas en sus objetivos formales, siguen matando, encarcelando y aislando a miles de personas a diario.
